La crisis que explotó el pasado verano en El Prat a raíz de las protestas de los empleados de Eulen encargados de los controles de seguridad y que amenazó con extenderse a otros aeropuertos de la red de Aena se ha cerrado después de un par de meses de negociaciones. Al margen del laudo arbitral dictado el 31 de agosto que resolvió el conflicto de Barcelona, el Gobierno, los principales sindicatos y la patronal del sector firmaron ayer un acuerdo que fija nuevas condiciones en la contratación de estos servicios por parte de Aena, la empresa de mayoría pública que gestiona estas infraestructuras.
Los criterios de calidad ganarán peso en los concursos, lo que supondrá que los adjudicatarios deberán cumplir una serie de compromisos que afectan al conjunto de la actividad y, especialmente, a las condiciones de trabajo y, de manera específica, a los salarios de los vigilantes. Estas mejoras se aplicarán también en otras compañías y entidades dependientes del Ministerio de Fomento, como Adif, Renfe o Puertos del Estado
